En Uruguay, la transformación digital ha traído consigo enormes beneficios para la economía, la educación y la vida cotidiana. Sin embargo, este avance también abrió la puerta a un fenómeno creciente: los delitos informáticos. Desde fraudes electrónicos y estafas por redes sociales hasta hackeos, robo de datos y suplantación de identidad, la ciberdelincuencia es hoy uno de los mayores retos para la seguridad.
Un marco legal en desarrollo
El Código Penal uruguayo contempla diversas figuras vinculadas a estos ilícitos, como el acceso indebido a sistemas, la interceptación de comunicaciones electrónicas, el fraude informático y el uso no autorizado de datos personales. Además, el país cuenta con leyes específicas, como la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales y la Ley N.º 18.237 sobre delitos informáticos, que buscan dar herramientas para prevenir y sancionar este tipo de conductas.
La evolución de las ciberamenazas
Las modalidades delictivas evolucionan con rapidez: phishing para engañar a los usuarios y robar contraseñas, ransomware que bloquea equipos a cambio de un rescate, clonación de tarjetas, fraudes en comercio electrónico y ataques a instituciones públicas y privadas. Esto exige no solo respuesta legal, sino también educación digital, protocolos de ciberseguridad y cooperación internacional.
Prevención y respuesta
En Uruguay, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol lidera las investigaciones de este tipo de delitos, apoyándose en peritos informáticos y unidades especializadas. Sin embargo, la prevención comienza con el usuario: contraseñas seguras, actualización de sistemas, verificación de enlaces y desconfianza ante ofertas o mensajes sospechosos.
La ciberdelincuencia no reconoce fronteras. Por eso, enfrentar los delitos informáticos en Uruguay implica combinar leyes modernas, tecnología de vanguardia y conciencia ciudadana. En el mundo digital, la mejor defensa es la información y la prevención.
